Se acaba de publicar la reforma laboral del gobierno Rajoy y, como si de una ley natural se tratase, los sindicatos han anunciado marchas en contra y probablemente una huelga. El PSOE, siguiendo un guión muy poco original (el guión de los partidos que sostienen el bipartidismo en España) rechaza la reforma, como si fuera defensor de los trabajadores y centrándose exclusivamente en la pérdida de derechos. La complejidad creciente de la economía hace difícil estar seguro de la oportunidad y justicia de las medidas que se toman, pero después de escuchar a expertos nacionales e internacionales de distinto signo parece claro que la reforma va en el buen sentido: abaratar el despido (que insisten en llamar eufemísticamente rigidez), quitar el poder a los sindicatos y bonificar la contratación de jóvenes, entre otras muchas y variadas medidas.
No es que vaya yo ahora de neoliberal, ni que piense que los sindicatos son intrínsecamente malos, pero creo que si hay que apuntar culpables, los hay de uno y otro lado. Como siempre. Los sindicatos han demostrado pocas luces en los últimos años. Siguen en un planteamiento decimonónico, a lo sumo del siglo pasado, de defensa cerrada de una clase social en unos términos anacrónicos. Ese frente de lucha, con arenga, pancarta, pito y cacerola, consignas y paros, ya no es tan útil como antes ni tiene mucha razón de ser, porque la clase trabajadora no es una casta, ni un gueto de pobreza sin salidas. Ser trabajador, hoy día, es una opción, y además no definitiva que podemos cambiar varias veces a lo largo de nuestra vida.
La economía de muchos países con baja tasa de paro nos dice que el secreto del casi pleno empleo no está en las barreras al despido, sino en la abundancia de empleo, en la movilidad laboral, en la formación, y en la seguridad (flexeguridad, la llaman) durante las inevitables etapas de desempleo que se dan en los cambios de empresa o en etapas de maternidad, enfermedad o excedencia.
Un empresario, y estoy pensando principalmente en los pequeños, debe tener el derecho a echar a cualquier empleado cuando lo necesite, igual que el empleado tiene derecho a marcharse cuando lo desea. Es un acuerdo entre dos personas y debe regirse por reglas de libertad. Lo importante es que haya una red de protección ante las etapas de paro, una estatal, con un subsidio suficiente pero que no incite a la vaguería y el morro, y otra privada, con un dinamismo suficiente del mercado laboral, que siempre ofrezca posibilidades. Lo que no puede ser es que haya gente que se tome años sabáticos a costa del erario público, o que cobre fraudulentamente. Eso no hay economía que lo resista.
El problema de base en España no tiene solución a corto plazo: es la mentalidad de la gran mayoría de la clase trabajadora. Quieren ser funcionarios, que les paguen un trabajo de 8 a 3 para toda la vida y trabajar lo menos posible. Hay mucha gente que no piensa así, pero por desgracia hay demasiada que sí lo hace. Todos conocemos a alguien a nuestro alrededor que se ha preparado con gran tesón sus oposiciones a... Lo que sea. Lo importante parece ser, sobre todo, la seguridad, por encima de realizarse en el trabajo, hacer realidad sueños, ser útil a la sociedad, etc. Es esta mentalidad, en ocasiones infantil, la que hace a nuestra sociedad dependiente, poco preparada para un siglo XXI exigente y competitivo, lleno de posibilidades pero desde luego poco adecuado para el carácter acomodaticio.
Hay un arduo trabajo de educación en escuelas, institutos y universidades para formar a emprendedores, y no con el típico curso del Inem "cómo crear una empresa", que se limita a explicar normas administrativas, sino con algo más de fondo.
